Granada: 8 millones para reparar daños por seísmos

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha puesto sobre la mesa los primeros detalles de una línea de ayudas de 8 millones de euros para arreglar los edificios de viviendas que sufrieron daños en la serie sísmica registrada en la provincia de Granada. El 24 de septiembre mantuvo una reunión con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Granada, un encuentro que encaja en la fase de redacción técnica de las bases reguladoras: la convocatoria todavía no está publicada y el diseño se está cerrando ahora.

Los destinatarios son dos: comunidades de propietarios y propietarios de viviendas unifamiliares afectadas. La Junta explicó que buscaba incorporar al diseño la experiencia de quienes gestionan el día a día de esas fincas, y la consejera, Rocío Díaz, situó a los administradores como la pieza clave para que el dinero acabe llegando a las comunidades.

Solo daños estructurales

El punto que más conviene retener es el alcance. Según la información facilitada por la Junta, la línea cubre únicamente daños de tipo estructural, con el objetivo de garantizar la seguridad y la habitabilidad de los inmuebles. Es decir, está pensada para consolidar lo que sostiene el edificio, no para acometer una reforma general.

Eso obliga a separar conceptos desde el principio. Una grieta en un elemento portante, un forjado comprometido o la estabilidad de un muro entran en esa categoría. Rematar tabiques, repintar, cambiar solados o aprovechar el andamio para actualizar la fachada por estética, no. En la práctica, cualquier comunidad que quiera optar a la ayuda necesitará un informe técnico que distinga con claridad qué parte del presupuesto responde a la consolidación estructural y qué parte es acabado o mejora.

Anticipos del 50% y honorarios subvencionables

La segunda novedad es financiera y va al problema real de muchas comunidades: quién pone el dinero mientras llega la subvención. La Consejería prevé que la convocatoria contemple anticipos del 50% del importe antes de que arranquen las obras, precisamente para evitar que los vecinos tengan que adelantar derramas elevadas. En un edificio con daños estructurales, donde la factura puede dispararse, esa diferencia entre cobrar antes o después decide si la obra se hace o se aplaza.

A eso se suman dos ajustes más. Los honorarios de los administradores de fincas se incluirían entre los gastos subvencionables, como compensación a la carga administrativa que asumen en estos expedientes. Y la Junta está estudiando ampliar los plazos de ejecución y de justificación, asumiendo que una consolidación estructural no se resuelve en el calendario apretado de una convocatoria ordinaria.

Parte de un paquete de 46 millones

Estos 8 millones son una de las líneas del paquete de 46 millones anunciado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para la zona. El resto se reparte en 18 millones para infraestructuras municipales, sociales, sanitarias y educativas, 4 millones para la estabilización de La Alhambra y 15,5 millones para el área de regeneración urbana de Santa Adela.

Qué significa si vas a reformar

Si tu edificio está en la zona afectada, el orden de los pasos importa. Lo primero es encargar ya un informe técnico de daños a un arquitecto o arquitecto técnico, con reportaje fotográfico fechado y descripción de cada lesión: sin ese documento no hay expediente posible, y reconstruir a posteriori qué grieta venía del seísmo es muy difícil. Lo segundo, convocar junta y dejar el acuerdo por escrito, porque el anticipo del 50% se pedirá en nombre de la comunidad.

El consejo más concreto es este: no unifiques la reforma en un solo presupuesto. Pide al contratista partidas separadas para la consolidación estructural y para todo lo demás. Si van mezcladas, corres el riesgo de que la parte no estructural contamine la justificación y te complique el cobro.

Y antes de firmar cualquier contrato, comprueba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las bases definitivas cuando se publiquen. Todavía no se conocen los plazos ni si se admitirán obras iniciadas antes de la convocatoria; empezar por urgencia y preguntar después es la forma más habitual de quedarse fuera. Si la urgencia es real —riesgo para la seguridad—, actúa, pero documenta cada paso y guarda todas las facturas.